La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, que impide presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos contra la administración pública. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos, 88 negativos y 6 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
La votación coronó una sesión de más de doce horas en la que expusieron más de 70 legisladores. El debate, que se extendió hasta pasadas las 4 de la mañana, estuvo marcado por fuertes cruces entre quienes defendieron la ley como una herramienta de transparencia y quienes advirtieron que podría utilizarse para proscribir candidatos.
Qué establece el proyecto
El texto modifica la ley orgánica de los partidos políticos y el Código Electoral Nacional. Establece que no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos públicos electivos nacionales las personas condenadas por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública, siempre que la condena haya sido confirmada por un tribunal de segunda instancia.
La restricción regirá aunque la sentencia no esté firme, es decir, aunque existan recursos pendientes ante la Corte Suprema. Ese es, precisamente, el punto más discutido de la iniciativa.
Los argumentos a favor
La diputada Florencia Guzmán, una de las autoras del proyecto, sostuvo en el cierre del debate que la ley "responde a un reclamo social muy extendido" y que no vulnera el principio de inocencia, ya que no implica una pena sino un requisito de idoneidad para acceder a cargos públicos.
"Para ser empleado público se exige un certificado de antecedentes. Parece razonable que para representar a los ciudadanos se exija, como mínimo, no tener una condena confirmada por corrupción", argumentó Guzmán.
Las críticas y los riesgos judiciales
Desde los bloques que votaron en contra, el diputado Raúl Montenegro advirtió que la ley "invierte la lógica constitucional" al aplicar consecuencias antes de que una sentencia quede firme. "Si la Corte revoca una condena después de una elección, ¿quién le devuelve al candidato la posibilidad de competir?", planteó.
Constitucionalistas consultados coincidieron en que la norma probablemente será cuestionada en los tribunales si llega a sancionarse. Algunos señalaron que existen antecedentes provinciales con leyes similares que fueron convalidadas por la Justicia, mientras que otros recordaron que los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional limitan las restricciones al derecho a ser elegido.
El escenario en el Senado
En la Cámara alta, el proyecto enfrentará un escenario más ajustado. Según un relevamiento informal entre los bloques, los votos a favor y en contra estarían prácticamente empatados, por lo que la definición dependerá de un grupo de senadores que todavía no anticiparon su postura.
Si la ley se aprueba antes de marzo, sus disposiciones regirían para las elecciones de 2027. De lo contrario, los impulsores reconocen que su aplicación podría quedar postergada para el siguiente turno electoral.
