Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados firmaron este miércoles un dictamen de mayoría para reformar la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2016. El texto reunió 31 firmas y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión, que los bloques proyectan para la primera semana de octubre.
La reforma amplía de manera significativa las obligaciones de transparencia de los organismos públicos y endurece las consecuencias para los funcionarios que no respondan en tiempo y forma los pedidos de información presentados por los ciudadanos.
Los cambios principales
El dictamen establece que los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, las empresas con participación estatal y las universidades nacionales deberán publicar en sus sitios web, en formatos abiertos y reutilizables, un conjunto mínimo de información actualizada mensualmente. Esa información incluye:
- Las remuneraciones brutas de todas las autoridades superiores, con el detalle de adicionales y compensaciones.
- El listado completo de contrataciones, con montos, proveedores y modalidad de selección.
- Los gastos en viajes oficiales, pasajes y viáticos, identificando a cada funcionario.
- Las agendas de reuniones de los funcionarios con rango de secretario o superior.
Además, el plazo para responder a los pedidos de acceso a la información se reduce de 15 a 10 días hábiles, con una única prórroga posible de igual duración que deberá estar debidamente fundamentada.
Sanciones para los incumplimientos
Uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento en comisión fue el régimen de sanciones. El texto final establece que la falta de respuesta injustificada constituirá una falta grave, que podrá derivar en suspensiones y multas para el funcionario responsable, y que la reiteración de incumplimientos será considerada causal de mal desempeño.
"La ley de 2016 fue un avance enorme, pero la experiencia nos mostró que muchos organismos responden tarde, mal o directamente no responden. Sin consecuencias, el derecho queda en el papel", explicó la diputada Silvina Ortega, autora de uno de los proyectos que se unificaron en el dictamen.
Los bloques que no acompañaron el dictamen presentaron un texto de minoría en el que cuestionan la inclusión de las agendas de reuniones, al considerar que puede afectar negociaciones sensibles del Estado, especialmente en materia de política exterior y de seguridad.
La mirada de las organizaciones civiles
Organizaciones dedicadas a la promoción de la transparencia siguieron de cerca el debate y celebraron la firma del dictamen. En un comunicado conjunto, siete entidades señalaron que la reforma "coloca a la Argentina en línea con los estándares internacionales más exigentes" y pidieron a los legisladores que no introduzcan cambios que debiliten el texto durante la sesión.
"El acceso a la información es la puerta de entrada a todos los demás derechos. Sin datos, no hay control ciudadano posible", sostuvo Tomás Ferrari, coordinador de una de esas organizaciones, quien participó como invitado en las reuniones informativas de las comisiones.
Cuándo podría votarse
Los presidentes de las comisiones anticiparon que pedirán incluir el proyecto en el temario de la próxima sesión ordinaria. Si obtiene la media sanción, el texto deberá ser revisado por el Senado, donde ya existen iniciativas similares presentadas por legisladores de distintos bloques, lo que según fuentes parlamentarias podría facilitar un tratamiento rápido.
De convertirse en ley, los organismos tendrán un plazo de un año para adecuar sus sistemas y comenzar a publicar la información en los formatos exigidos.
Por: Pedro Rodriguez
